CITARON A FELLNER, RAÚL JORGE, ALE Y MOISÉS POR LA MEGACAUSA

Provinciales 06/10/2017 Por
Fueron citados por el Juez Cruz para conocer ampliación de imputación en la megacausa en la que también está imputada Milagro Sala
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Eduardo Fellner y Raúl Chuly Jorge fueron citados por el juez Isidoro Cruz para conocer ampliación de imputación en la llamada “Megacausa”. También fueron citados la intendenta de Calilegua, Elsa Flores, de  los ex intendentes de Libertador y San Pedro,  Jorge Ale y Julio Carlos Moisés, respectivamente. En la causa también está imputada Milagro Sala. 

El fiscal de la causa, Diego Cusell, solicitó meses atrás la ampliación de imputación de Fellner como autor del presunto delito de organizador de una asociación ilícita y fraude a la administración pública por administración infiel. La ampliación de imputación también abarca a Luis Cosentini, Lucio Abregú y Milagro Sala, ésta última como jefa de asociación ilícita. 

Además también se imputa a los exfuncionarios de la Unidad Ejecutora Provincial Héctor Carrizo y José Luis Mercado como integrantes de asociación ilícita. Mientras que los intendentes y ex intendentes están investigados como  supuestos partícipes necesarios de “fraude a la administración pública por administración infiel”.

En el expediente original, Fellner y Cosentini estaban imputados por abuso de autoridad, falsificación ideológica de instrumento público y fraude a la administración pública, mientras que los exfuncionarios de la Unidad Ejecutora Provincial Héctor Carrizo y José Luis Mercado están imputados por el tercero de esos delitos.

La ampliación de la imputación alcanza también a Milagro Sala, que estana acusada de supuesto fraude a la administración pública por administración infiel en 16 hechos; y Gladis Díaz y Mirta Aizama como coautoras en 12 hechos.

La justificación del fiscal Cusell de la ampliación de imputación

Se pudo acreditar con el grado de sospecha exigible en estas actuaciones, que distintos actores, como los que por este acto se imputan, tuvieron una intervención relevante que conllevaba el inequívoco designio de defraudar al estado provincial a través de la utilización de la propia estructura estatal.

Se sospecha fundadamente con pruebas que la estructura estatal de la que formaban parte como funcionarios, por sus acciones y omisiones, dejó de cumplir sus objetivos institucionales y legales de control del erario público en la ejecución y aplicación de fondos dinerarios para la construcción de viviendas, y procurar de esa manera un perjuicio deliberado a la administración pública que alcanza la suma de mil trescientos millones de pesos (1.300 millones de pesos).

Los cursos de acción y omisión ejecutados por los ahora imputados, Fellner, Cosentini, desvirtuaron el esquema normativo y de contralor de los recursos estatales.

Para tales cometidos, tenían competencia asignada por leyes y decretos, y sobre todo por el Código Penal de la Nación, que impone a los funcionarios públicos determinados deberes en el área de su actuación, en aras de la protección del adecuado funcionamiento de la administración pública, constituyéndolos en garantes de su indemnidad.

Sin embargo, la ausencia de cumplimiento de los procedimientos administrativos y legales previstos en la legislación correspondiente y en el compromiso adquirido mediante la suscripción de convenios marco con la Nación, llevó a la supuesta comisión de ilícitos a los funcionarios y a particulares.

A su vez las cooperativas de la organización Tupac Amaru, abdicaron de su función y se convirtieron en el dispositivo más importante de la compleja organización de dispositivos destinados a defraudar al estado provincial. El estado provincial, entendido como un ente con finalidades de asegurar la pacífica convivencia social mediante la gestión de prestaciones y aseguramiento de derechos a los ciudadanos, mutó de manera determinante pues quedó desnaturalizado como organización para el bien público, y fue convertido en un reaseguro para la libre comisión de ilícitos.

El elemento característico del funcionamiento del estado como matriz de corrupción, tuvo su base en asumir un sentido inequívoco de gestión criminal y a través de las conductas de los exfuncionarios públicos ahora imputados (Fellner, Cosentini, Abregú, Carrizo, Mercado, entre otras personas) y utilizar el contexto de emergencia habitacional y la ejecución del Programa Federal de Integración Socio-comunitaria para defraudar al estado mediante la administración infiel de los  recursos dinerarios destinados a solventar necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La forma de llevar a cabo el plan delictivo, consistió en no ejecutar la construcción de viviendas, o ejecutar en forma anómala la construcción de viviendas en distintos municipios a cargo de Cooperativas de Trabajo para la construcción, pertenecientes a la organización social Tupac Amaru, liderada por la dirigente social y política, Milagro Amalia Angela Sala.

Las imputaciones que surgen en la presente causa, relativas al funcionamiento de una asociación ilícita, resultan otra secuencia temporal y material de la misma asociación ilícita, que funcionó y fue develada en el trámite del expte. Nº P-129.652/16 Y SUS ACUMULADOS EXPTES. Nº 131.113/16 Y Nº 131.072.

El programa denominado Socio Comunitario, tenía por objeto la construcción de viviendas a través de cooperativas de trabajo. Sin embargo, quedaron sin construir una gran cantidad de viviendas, que había sido pactada conforme los recursos enviados desde Nación e ingresados al erario provincial. También hubo otras viviendas construidas pero de manera defectuosa y fuera de los esquemas de construcción que debían efectivizarse.  

Lo precedente surge de diferentes elementos de prueba reunidos en la investigación, eminentemente documental e instrumental, entre otros:

1.- Informes técnicos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia;

2.- Relevamiento efectuado por el Departamento de Arquitectura del mpA (mediante la utilización de drones, inspección ocular, etc.);

3.- Informes del Ministerio de Hacienda de la Provincia;

4.- Informes del I.V.U.J.;

5.- Informes del Tribunal de cuentas de la Provincia;

6.- Informes de la U.E.P;

7.- Informe del Departamento contable del mpA;

8.- Informe de la Subsecretaría de Viviendas de la Nación;

9.- Alrededor de 25 declaraciones testimoniales

Fuente: Jujuy Noticias Online

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