FUERTE POLÉMICA ALREDEDOR DEL JUEZ QUE LIBERÓ AL ASESINO DE ABRIL

Nacionales 07/11/2017 Por
Desde la Procuración salieron a cuestionar a José Villafañe. Pero anoche ni el Gobierno ni los legisladores habían pedido su juicio político. Impulsan más límites a las excarcelaciones.
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FUERTE POLÉMICA ALREDEDOR DEL JUEZ QUE LIBERÓ AL ASESINO DE ABRIL

El asesinato de Abril Bogado (12) puso otra vez a la sociedad en estado de conmoción por un caso de inseguridad. Pero el foco central de los cuestionamientos se concentró -como en otras oportunidades- en el juez, José Nicolás Villafañe, que concedió una libertad asistida al autor del asesinato de la nena ocurrido en la puerta de su casa de Ringuelet, el domingo a la madrugada.

El escándalo empujó a sectores políticos y judiciales a buscar resortes legales para desplazar al juez de Ejecución Penal N° 2 de La Plata, cuestionado también por otras decisiones procesales que terminaron en tragedia. El Procurador General de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, pidió a la Secretaría de Instrucciones un informe sobre toda su actuación en el proceso que dejó en libertad a José Edgardo “Pepito” Echegaray (32) para determinar si existen elementos para iniciar un jury de enjuiciamiento”. Pero además, Conte Grand solicitará a la Suprema Corte que lo habilite a realizar una auditoría en el juzgado de Villafañe.

No obstante, anoche, en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, el ente encargado de revisar y eventualmente desplazar a los jueces, sólo había ingresado una denuncia de un abogado particular contra Villafañe. Apenas dos carillas escritas a las apuradas y con errores de procedimiento. “Un buscafama”, describieron en ese organismo.

“Estamos analizando toda la actuación antes de realizar la presentación”, dijo a Clarín un legislador de Cambiemos que intervino en casos contra funcionarios judiciales que terminaron destituidos en los últimos meses. Sin embargo, ningún integrante de la Legislatura provincial había presentado pedidos de destitución hasta anoche. Lo mismo ocurría con el Gobierno, que buscaba modificar leyes antes que remover al juez.

El defensor del Pueblo Bonaerense, Guido Lorenzino, también se sumó a la ofensiva. “Villafañe no puede ser juez”, consideró. Para el funcionario, éste “tiene una mirada distorsionada del garantismo, porque garantizar el proceso y ser garantista es garantizar igualdad ante la Ley”. Y aclaró que “ha repetido su inconducta”, en referencia a un antecedente de 2012. En mayo de ese año el juez de Ejecución otorgó salidas laborales a Alberto Arballo Perotti, quien 22 días después mató a cuatro personas –incluidas su ex mujer y su hija- en un hecho que se conoció como la “masacre de Hudson”.

Entonces, Lorenzino (que era diputado provincial) y otros legisladores hicieron un pedido de juicio político. Pero el trámite se archivó porque no avanzaron en la presentación de pruebas.

Abril Bogado (12) fue asesinada de un balazo cuando atacaron el auto de su padre. La familia regresaba a las 4.35 de un casamiento a su vivienda de Ringuelet. También estaba la madre de la chiquita, su abuelo y su hermana menor. Mientras ingresaban el Renault Sandero al garage, “Pepito” Echegaray y un menor intentaron robarle a otro automovilista. Como éste huyó, abordaron a los Bogado.

El lunes, la Policía detuvo a “Pepito” Echegaray cerca del lugar del homicidio. Se resistió y terminó baleado. Ahora está internado en el hospital San Roque. El acusado tiene antecedentes penales desde 2004 y por lo menos tres condenas: dos por robo y la última, a ocho años de cárcel por tentativa de homicidio. Tenía que salir el 22 de julio de 2018, pero el juez Villafañe accedió a un pedido de la defensa de “salidas transitorias”, aún cuando un informe del Servicio Penitenciario Bonarense desaconsejaba esa posibilidad. La fiscal apeló, pero la decisión fue ratificada en noviembre de 2015 por los jueces Gustavo Marcos, Ricardo Szelagowsky y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones. “Pepito” volvió a la calle.

O sea, fueron cuatro los magistrados que consideraron atinado permitirle a Echegaray salir en libertad (entre otros argumentos, por “el buen comportamiento, el contacto con el núcleo familiar y su intención de superación por incorporarse a los estudios dentro del penal”). Pusieron como condición la presentación cada 15 días ante el Patronato de Liberados; que no consuma drogas y que fije domicilio. También Villafañe le pidió “abstenerse de frecuentar personas lugares o realizar actividades inconvenientes para su adecuada inserción social”. Nadie controló esto.

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, dijo a Clarín que enviará un proyecto de ley para “ampliar el listado de delitos que no permiten las libertades condicionales o asistidas”. Según el funcionario “no puede ser que en esa lista esté el robo calificado y no la tentativa de homicidio. O tentativa de femicidio. O la portación de armas. Eso va a limitar la discrecionalidad de los jueces . Hay que generar una ley que establezca qué tipo de política criminal queremos”, aclaró.

Ayer Villafañe estuvo fuera de su despacho. Según dijeron a Clarín allegados al juez, “recorrió varias cárceles y se entrevistó con presos. Hizo el trabajo de todos los días”. Y agregó:“Sabe que habrá un intento de “linchamiento mediático” pero está convencido de que actuó a derecho”.

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