El gobierno decretó el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos

Nacionales 30 de marzo de 2020 Por Aquí Jujuy
Diario Aqui Jujuy

A través de un DNU, el Gobierno dispuso el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses, en el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico ante la crisis por el coronavirus Covid-19.

Esto suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre; dicta el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo; y que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente acordado en los contratos se pague recién a partir de octubre.

El decreto establece que la situación exige “extremar esfuerzos para enfrentar no sólo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social” y que, por lo tanto, debe velar por derecho a la vida pero también por el derecho a la vivienda.

En ese sentido, advierte que la emergencia “torna de muy difícil cumplimiento para una importante cantidad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos” ya que “ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica. Ante estas situaciones (...) pueden incurrir en incumplimientos contractuales, y ello puede desembocar en el desalojo de la vivienda en la cual residen. Ello agravaría aún más la compleja situación que atraviesan y las condiciones sociales imperantes”, sostiene el documento oficial.

Por este motivo, las deudas que se produzcan por falta de pago deberán pagarse recién a partir de octubre, en tres cuotas iguales y consecutivas, a pagar en un plazo máximo de seis meses partir del pago de la primera cuota.

El pago de la diferencia podrá incluir intereses compensatorios, que no podrán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco Nación, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

La norma también prevé que quedará exceptuado del pago aquel locador que acredite que depende del monto que destina para el alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia primaria conviviente. En caso de controversia entre las partes del contrato, habrá una instancia de mediación obligatoria, previo a acudir a la justicia.

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