SINDICALISTAS DEBERÁN MOSTRAR SU PATRIMONIO OBLIGATORIAMENTE

Provinciales 15/11/2017 Por
El proyecto bajará al recinto en la sesión legislativa que se llevará a cabo mañana y el oficialismo tiene los números para aprobarlo; la oposición no firmó el dictamen y votaría en contra.
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El gobierno corrió el eje de la discusión por la transparencia en el ámbito público hacia el sindicalismo. 

Lo hace a través de un proyecto de ley que buscará modificar la ley de ética pública vigente en la provincia, agregando un inciso en el artículo 4, que establece la obligatoriedad de presentar sus declaraciones juradas de bienes para aquellos dirigentes sindicales que representen a trabajadores del estado provincial y municipal. 

A partir de esta modificación, cada uno de los dirigentes cuyo sindicato reciba una cuota que tenga origen en salarios de empleados públicos dependientes de la provincia o los municipios que adhieran a la ley, deberán mostrar, al igual que los funcionarios, su situación patrimonial. 

Esta hoy este acto es voluntario tanto para los gremialistas como para empresarios y dirigentes que representen “intereses colectivos”.

El sindicalismo hasta el momento no se ha expresado respecto de este debate, a excepción de Carlos Santillán, el histórico representante de los trabajadores municipales, quien se sometió a la ley por voluntad propia. 

El gobierno sostiene que la incidencia de los sindicatos estatales hace necesario que los dirigentes muestren su patrimonio. 

Es también una acusación velada por las sospechas de corrupción que pesan sobre numerosos dirigentes del ámbito local que hacen ostentación de los vehículos que manejan y el nivel de vida que tienen, imposible de acceder para cualquier trabajador estatal. 

“El resultado de las interacciones entre el estado y las asociaciones sindicales tienen enormes impactos públicos que redundan en las posibilidades de bienestar, no sólo de quienes ellas representan si no en el de nuestra comunidad política en su conjunto”, dice un fragmento de la argumentación del proyecto de ley. 

Para el estado son recursos de origen estatal. Y sus afiliados tienen derecho a saber cómo evoluciona su patrimonio. 

Desde el punto de vista jurídico, el texto fue trabajado por la Oficina Anticorrupción. Allí se cita a la Unidad de Información Financiera (UIF) que considera a los dirigentes sindicales como “personas políticamente expuestas” y los identifica en su lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo. 

En tanto, otro organismo dedicado a la lucha contra la corrupción, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “recomienda que (los sindicalistas) pongan a disposición la información sobre su patrimonio por sus puestos de relevancia, incluso desde una actividad privada o no directamente estatal”. 

La propuesta es inédita en el país y no registra antecedentes en otras provincias. Carlos Santillán es el primer dirigente en el país en hacer pública su información patrimonial.

Al margen de las interpretaciones jurídicas del proyecto, desde lo político, el gobierno busca forzar la discusión que hasta ahora los sindicalistas han evitado. ¿Cuál es el problema de que muestren su patrimonio? Esa es la pregunta que el oficialismo busca instalar y hasta ahora, los dirigentes no han respondido. 

Multa para funcionarios por no transparentar

El titular de la Oficina Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, informó que serán intimados en las próximas horas un total de 33 funcionarios y empleados de la provincia que hasta hoy y pese a las advertencias, no han presentado la documentación correspondiente a la declaración jurada de su patrimonio. 

Se trata del 3%, ya que el 97% restante de los más de 600 funcionarios y empleados que forman parte de la actual gestión ya ha hecho efectiva esta exigencia de la ley. 

El Poder Judicial, en tanto, ha decidido seguir los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presentará las declaraciones de acuerdo a un régimen especial. 

 

Fuente: Jujuy al Momento

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